APARECE
LA I.P.C.
A fines de 1912 y principios de 1913, estallaron en Lima y Callao gran
número de huelgas, las que fueron punto de partida para
que en otros lugares del Perú se produjeran
también paralizaciones laborales.
Gobernaba por entonces el presidente Guillermo Billingurst, el cual no
obstante su popularidad se veía impotente para controlar el movimiento ya
generalizado de protestas laborales. No sólo se pagaban bajos salarios y las
condiciones de trabajo eran duras, sino
que no había
posibilidad de trato.
El Gobierno con fecha 24 de enero de 1913 expidió un decreto supremo
reglamentando las huelgas. De acuerdo a este dispositivo, los trabajadores por
voto secreto debían de nombrar tres de ellos para que los representasen ante el
patrono, los que discutirían las demandas y en caso de no
llegarse a un acuerdo, las partes
elegirían un comité arbitral. Las paralizaciones sólo se decidirían por el
acuerdo mayoritario de los trabajadores expresado en voto secreto, que se
confirmaría cada cuatro días. No se podía ir a una huelga sin cumplir los
requisitos anteriores, en caso contrario caerían bajo las disposiciones del
código penal como delincuentes comunes. No se podían hacer marchas
públicas, salvo que la
autoridad política las
autorizase.
Talara era en ese tiempo un campamento laboral donde se encontraban la
refinería, las oficinas de la London y la vivienda del personal extranjero, en
un extremo, completamente aislados y con vigilancia permanente. Era Punta
Arenas, de donde no se cambiaron cuando la London arrendó los yacimientos a la
International Petroleum y Cº.
Los trabajadores vivían en Negritos, donde la población había crecido
grandemente.
Ni en Talara ni en Negritos habían prácticamente autoridades peruanas.
El alcalde era generalmente un funcionario de la London, y la municipalidad era
un ente totalmente burocrático, donde aparte de expedir partidas de nacimiento
y de defunción, y otras minucias, no
hacia nada pues los servicios públicos como agua, limpieza, alumbrado, eran
dados por la empresa.
La población que había crecido y era católica, no tenía ni siquiera un
sacerdote. Gracias al celo evangélico del padre Eloy Nunura Cornejo, se podía
oír misa los domingos. El padre Nunura era natural de Olmos, de casi dos metros
de altura y con tremendo vozarrón, pero provisto de mucha emoción social.
Cuando eso pasaba, tenía 34 años de edad, pero en 1913 fue cambiado a Castilla
en donde permaneció hasta
su muerte.
El diputado Alfonso Benavides Correa en 1960 cuando volvió al tapete el
caso de la Brea y Pariñas, decía que en 1913 en Talara y Negritos, no habían
autoridades peruanas y quien disponían el régimen de vida de las poblaciones
eran los
llamados gerente de pueblo de
nacionalidad inglesa. A partir de las 11
de la noche nadie podía transitar por las calles y las luces de las casas
debían ser apagadas. No existía la inviolabilidad de domicilio y los llamados
visitadores especiales, podían ingresar en ellos en cualquier hora. El comercio
se hacía a través de bodegas controladas por la empresa. No había asistencia médica ni para los accidentados por razones de
trabajo y las inasistencias por ese
motivo no se pagaban.
En mayo de 1913 los trabajadores nombraron a sus representantes para
tratar con la empresa, pero no fueron recibidos. Entonces se
decretó la huelga.
Los trabajadores hicieron manifestaciones por las calles y la empresa se
quejó ante el prefecto Jorge Robinson, de Piura que envió fuerzas de la
policía, las que tuvieron sangrientos encuentros con los trabajadores como
consecuencia de lo cual resultó muerto
el dirigente obrero Martín Chumo y otros
más resultaron heridos.
Ante el giro que tomaban las cosas, la London se decidió a pactar. El
jornal diario se incrementó en 20 centavos más. Se pagaría a los obreros
accidentados por causas de trabajo, sus salarios normales mientras estuvieran
curándose y se les brindaría asistencia
médica y medicamentos. También las esposas, padres e hijos de los trabajadores
tendrían asistencia médica. Se respetaría la jornada de 8 horas y los sobre-tiempos serían pagados.
Se admitiría el libre comercio en Talara y en Negritos. Se dispondría el
reingreso de los obreros despedidos con motivo de la huelga y durante seis meses no habrían
despidos.
Pero al poco tiempo, La London despidió a 60 trabajadores de Negritos, lo
cual dio motivo a que en junio se reiniciara la
huelga. En apoyo a los trabajadores de Talara y Negritos, los
trabajadores portuarios dispusieron paralizaciones en varios puertos y se
boicoteó a la Casa Duncan Fox, representante de la London, prohibiendo que las
mercaderías que exportaban fueran despachadas. Gran cantidad de fardos de
algodón se almacenaban en Paita con riesgo de deterioro y con incremento de los
costos. Eso dio origen a determinadas
presiones sobre la London,
la que cedió.
Siguiendo el ejemplo de sus colegas de Talara, los trabajadores
petroleros Lobitos y Lagunitos también plantearon demandas a la empresa Lobitos
Oil Field C°, la que inicialmente
intentó resistir, pero ante los
resultados favorables obtenidos por
los trabajadores de
Talara, se decidieron a pactar.
En 1905, el Ministerio de Fomento había nombrado una comisión para que
estudiase los yacimientos de petróleo en las provincias de Tumbes y Paita en el
departamento de Piura. En el ministerio había llamado la atención que la London
sólo pagase por 10 pertenencias,
mientras otros yacimientos menores lo
hacían por mucho más. Por dos décadas había existido ese régimen tributario que
favorecía enormemente a la London.
Uno de los integrantes de la mencionada comisión era el joven ingeniero
de minas, Ricardo Deustua, de solo 23
años que se había titulado el año
anterior. Padre de este profesional era don Alejandro Deustua uno de los
filósofos más notables que ha
tenido el Perú.
A partir de entonces, Ricardo Deustua logró amplios conocimientos sobre
los problemas de petróleo del Perú. Esto fue motivo para que la Sociedad
Geográfica de Lima, lo invitase
en 1911 para que diese una conferencia sobre el petróleo.
La conferencia causó sensación, pues Deustua denunció a la London de
estar defraudando al Estado Peruano, al pagar sumas ínfimas por concepto de
tributos, por una cantidad notoriamente inferior a las pertenencias que en
realidad existían. Deustua no podía precisar cual era el número real de tales
pertenencias, por que para eso se tenía que ir al propio terreno a efectuar
mediciones.
EL Ministerio de Fomento se vio precisado a actuar y el 31 de marzo de
1911 se dio un Decreto Supremo disponiendo la re-mesura de los yacimientos de
la Brea y Pariñas. El decreto estaba firmado por el presidente Augusto Leguía
que ya estaba en los últimos meses de su gobierno. El plazo que se daba para
determinar el número de pertenencias
era de 90
días.
En 1912, Deustua publicó un mapa sobre las concesiones petrolíferas,
donde con gran facilidad se apreciaba, no solo lo que representaban 10
pertenencias, sino también como la Brea de simple mina de brea, se había
convertido en los vastos yacimientos de la Brea y Pariñas. El mapa causó
sensación.
William Kewick, Herederos que eran propietarios de los yacimientos, pues
la London sólo era arrendataria, se encontraban viviendo plácidamente en
Londres disfrutando de las rentas que les producían los ricos y lejanos
yacimientos que no conocían. Al saber d el decreto se alarmaron, nombrando
a la casa Duncan Fox para que los
representasen. Esta firma inglesa también representaba a la
London.
La casa Duncan Fox de inmediato presentó un recurso de oposición. El
decreto supremo otorgado en 1880 a favor de
Genaro Helguero el anterior propietario, aprobando las 10 pertenencias, era en
criterio de la Duncan Fox definitivo e
irrevocable. Este pleito, fatalmente iba
a demorar varias décadas
y convertirse en problema
nacional.
El reclamo siguió un trámite administrativo en el Ministerio de Fomento,
que terminó por pronunciarse contra los argumentos de la Duncan Fox. Fue
entonces llevado el caso al Poder Judicial y el Fiscal de la Nación Dr. José
Antonio de Lavalle y Pardo, en su dictamen de fecha 3 de julio de 1912 rebatía
los argumentos de la empresa.
La Duncan Fox y la London no se dan por vencidas y el 13 de abril de
1913 apelan, siendo visto el caso en las altas esferas del gobierno cuya Junta
era presidida por el coronel Oscar R. Benavides nombrado por el Congreso en
lugar del presidente Billinghurst que había
sido depuesto.
La apelación concluyó con la resolución suprema del 25 de abril de 1914
que declaró infundada la reclamación, y se ordenó que se llevase a cabo la
nueva medición de los campos de la Brea y Pariñas. En la misma resolución se
nombraban a los jóvenes ingenieros Héctor Boza
y Alberto Jochamovitz para efectuarla.
Jochamowitz tenía 32 años, y era ingeniero de minas desde 1902 y hasta
1912 había estado estudiando en la Escuela de Bellas Artes de París, siguiendo
su vocación de pintor. Con el correr de los años ambos llegarían a ser
ministros de Fomento. Boza sería también senador y presidente de su Cámara
convirtiéndose en político muy influyente en tiempos del gobierno de Prado.
Por su
parte Jochamowitz triunfaría
como pintor en
Francia.
Los dos ingenieros, se trasladaron de inmediato al departamento de Piura
para cumplir con la labor de re-mesura. La empresa ordenó a todos sus
servidores de los
yacimientos de Brea y Pariñas, que
boicoteasen la labor de los dos profesionales. Grande fue la sorpresa de los ingenieros peruanos cuando
los primeros días de faena en el ardiente desierto del tablazo talareño, se
acercaron primero a una y luego a otra ramadita, para solicitar agua y comida a
los moradores y se les negó con evasivas. Por lo tanto, resolvieron llevar
diariamente el agua, los alimentos y
todo lo que
pudieran necesitar.
Se pudo establecer que los yacimientos cubrían la enorme extensión de
1.664 km2 y en ellos habían
nada menos que 41.614 pertenencias de 40.000 m2
cada una.
¡La empresa sólo había pagado por 10 pertenencias durante 23 años !.
Los resultados conmovieron no sólo a
las esferas del Gobierno, sino al país entero creándose un clima
contrario a la empresa. Los dos
ingeniero saltaron de la noche a la mañana a los primeros planos de la
actualidad y nunca después fueron
puestos en duda los cálculos que hicieron, en torno a lo cual se inició la
lucha reivindicatoria de
los yacimientos de
la Brea y
Pariñas.
La Duncan Fox había dejado por entonces
de representar a la
London, y en su lugar había sido nombrada la Casa Milne que tenía también una
oficina comercial en la ciudad de Piura y una agencia en Paita.
La Milne re-emprendió la lucha legal y reclamó contra la validez de la
resolución suprema de 25 de abril de 1914 dado por la Junta de Gobierno que
presidía el coronel Oscar Benavides. Afirmaba que Antonio Quintana había
comprado la mina en 1826 y que de acuerdo a esa transacción se encontraba
exento de toda tributación.
Por entonces Keswick hacía poco que había muerto y fueron sus herederos
los que se habían convertido en los dueños de
los ricos yacimientos y heredado también los problemas legales. La empresa
había estado pagando sólo 300 soles por canon anual, y en caso de haber tenido que abonar tributos
por 41.614 pertenencias, hubiera tenido que cancelar S/. 1'248.420 por año, y
así en el curso de 23 años. Se trataba por lo tanto de una cantidad fantástica. Sin embargo
con el ánimo de no ser injustos,
tendríamos que decir que el canon solo debía de
aplicarse a las pertenencias en
explotación, que eran mucho menos, En
mérito a la verdad, el pago de un
millón doscientos mil soles en impuestos, era exagerado y hubiera superado
mucho a
las utilidades que tenía
anualmente la empresa.
El ingeniero Deustua decía que en
1914 la London estaba operando
sobre 1.000 pertenencias y había perforado 700 pozos. Eso hacía suponer que en
realidad el canon
a pagar debió
ser de 30.000 soles anuales, pero
las cosas no se plantearon así en
ese tiempo.
El 15 de marzo de 1915, el gobierno del general Benavides aprobó con
resolución suprema la re-mesura hecha y ordenó la división de la mina en 41.614
pertenencias regulares, así como a que se pagasen los impuestos correspondientes.
El 24 de abril de 1915, los herederos
de Keswick, resolvieron convertir el asunto en
problema internacional y
presentaron queja ante Su
Majestad Jorge V rey de Inglaterra y emperador de la India y Gran Bretaña, el
estado más poderoso de la tierra en esa
época. El Ministro de S.M. instruyó al embajador inglés en Lima Ernest Rennie;
el que presentó reclamo ante el gobierno peruano de respaldo a sus súbditos los
Keswick. Pedía nada menos que la nulidad de los decretos supremos de 31 de
marzo de 1911 y los de 15 de marzo y 22 de mayo de 1915. También el embajador
norteamericano concurrió de modo personal donde el canciller Solón Polo
haciendo el mismo pedido a favor de la Standard Oil y de la International
Petroleum C°, nueva explotadora de los yacimientos. ¡Es decir que el imperialismo se
hizo presente !
Los dos embajadores planteaban que el asunto fuera visto por el Poder
Judicial. Con resolución suprema del 22 de mayo de 1915 se desestimó la
reconsideración y en su parte considerativa, negaba que el asunto fuera de
competencia del Poder Judicial. Se ratificaba la R.S. del 15 de marzo de ese
año y la remesura de 41.614
pertenencias regulares. O sea que el
Gobierno del Perú no cedió a la presión
externa.
Estaba el gobierno transitorio de Benavides llegando a su fin. En 1915
se celebraron elecciones políticas y resultó elegido como presidente de la
República el Dr. José Pardo que asumió el poder el 19 de agosto de 1919.
La London, cuyos principales accionistas eran los herederos de Keswick
transfirieron los derechos de arrendamiento a la empresa norteamericana, International Petroleum y C° subsidiaria de
la Standard Oil C° que era la empresa petrolera más importante del mundo, cuya
sede se encontraba sin embargo en Canadá en la ciudad de Montreal, para evitar
los efectos de la Ley anti-trust
que se había
dado en Estados
Unidos.
Los Keswick en virtud del contrato de arrendamiento debían de percibir
anualmente el 25 % de la producción bruta, lo que sin duda alguna fue un
fabuloso 
negocio.
Ellos por otra parte; quedaban siempre siendo dueños de las haciendas la Brea
y Pariñas y
de los yacimientos
de petróleo.
negocio.
Ellos por otra parte; quedaban siempre siendo dueños de las haciendas la Brea
y Pariñas y
de los yacimientos
de petróleo.
Con eso, el problema internacional se agudizaba, por que ahora Estados
Unidos por intermedio de su embajador en Lima, también entabló reclamo
respaldando a la IPC.
En realidad, la International Petroleum y C° había nacido como empresa
de origen canadiense y en 1914 fue
incorporada como subsidiaria de la Imperial Oil Company para posteriormente
convertirse en subsidiaria de Standard Oil C° de New Jersey.
La producción de los yacimientos de la Brea y Pariñas en 1915 llegaba a
180 mil toneladas anuales al precio de S/.20.00 la tonelada, daba un valor
bruto de S/. 3'600.000.00 de los cuales el 25% pasaba a poder de los Keswick.
En los años que siguieron; la producción fue aumentando y los herederos
recibiendo cada año más
por los arrendamientos.
La Standar Oil C° había sido fundada por un audaz empresario joven
llamado John Rockefeller, que pronto alcanzó gran expansión. No sólo se ocupaba
de refinar petróleo, sino que en 1872 era la empresa que prácticamente
monopolizaba el transporte del petróleo en Estados Unidos. Compró a
continuación varias refinerías cerca de Nueva York, Filadelfia y Pittsburgo.
Nuevos socios capitalistas ingresaron a la Standard dándole mayor potencia, los
cuales viendo la expansión de la compañía resolvieron en 1882, crear una
asociación o cadena de compañías que en total sumaron 40. La Standard fue
eliminado a la competencia ya sea adquiriendo sus negocios o haciéndolos
cerrar. El gran trust formado creyó conveniente que en cada estado de los
Estados Unidos se formase una Standard Oil C°, como entidad
independiente pero ligadas entre
sí. Aparecieron empresas de ese género en los estado de Nueva York, New Jersey,
Kentucky, Indiana, Kansas, Nebraska y California.
Pero no sólo en el campo del petróleo se había formado tan gigantesco
trust, sino también en otras actividades industriales dado el crecimiento y
desarrollo industrial que se estaba operando en el gran país del norte. Esto
dio origen a que en las esferas del gobierno de EE UU. surgiera cierta
inquietud ante los monopolios que se
estaban formando; que no solo tenían gran poder económico sino también
político. En 1890 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley anti trust o
“Sherman Anti Trust Law”, la que disponía la disolución de
todos los trust
existentes.
El 2 de marzo de 1892 el Estado de Ohio, ganó un juicio anti-trust a la
Standard Oil que operaba en ese Estado.
La Standard Oil de Nueva Jersey
se había convertido en una de las empresas más poderosas de la cadena. En 1900
el gobierno federal de Estados Unidos demandó a esta empresa como violadora de
la ley anti-trust. La poderosa
compañía pudo litigar durante 5 años y por fin el 15 de
mayo de 1911 la Corte Suprema de los Estados Unidos, dispuso que la citada
compañía no podía ejercer control sobre 33 empresas subsidiarias. Se tuvo que
disolver la cadena y las 33 subsidiarias se tuvieron que transformar en
compañías independientes.
Con todo, la Jersey Stándar Oil, siguió siendo una poderosa empresa
y bien pronto se convirtió en una
poderosa transnacional, iniciando actividades en Venezuela, Colombia, Ecuador y
Perú.
El Embajador inglés no se dio por vencido a pesar del ultimo decreto
supremo dado por el presidente Benavides y tan pronto subió al gobierno don
José Pardo, volvió a intervenir en defensa
de los Keswick que seguían siendo
los propietarios de
los yacimientos, pues
la IPC sólo era explotadora.
El embajador cambió de táctica. Planteó una fórmula transnacional de
acuerdo a la cual se aceptarían las 41.614 pertenencias, pero a partir del 1°
de enero de 1915 y sólo se pagaría por
50 años, 30 soles por cada pertenencia en explotación y 75 centavos
por cada una de las
restantes no explotadas.
El gobierno del Dr. Pardo encontró razonable la propuesta, sobre todo
por que había la promesa de un
préstamo que se le haría por S/. 3'
000.000 en caso de ser aprobada
la propuesta.
El gobierno por intermedio del Ministerio de Fomento, elaboró un ante
proyecto de resolución legislativa, que el ministro del ramo don Belisario
Sousa, presentó a la Cámara
de Senadores el
7 de diciembre
de 1915.
Recién en la legislatura ordinaria
de 1916 se vio el proyecto en la Cámara de Senadores.
En la Cámara de Senadores se produjeron en 1916 y 1917 ardorosos y
dilatados debates. Defendieron con largas exposiciones el punto de vista del
gobierno coincidente con los de
la propuesta del Embajador inglés, el senador Aurelio Sousa, por Cajamarca,
miembro del Partido Democrático. Por el Partido Civil apoyando el
proyecto, intervinieron los senadores de
Loreto Francisco Lanatta, de Junín
Manuel Vicente Villarán, por Ica
Alfredo Pimentel, Juan Durand por el partido Liberal y Arturo Osores,
senador por Cajamarca miembro del Partido Constitucional que había sido
integrante de la junta de gobierno del general Benavides.
Fueron contrarios los senadores Mariano H. Cornejo, Carlos Paz Soldán,
Antonio Miró Quesada, Alberto Franco Echandía senador por Piura. Uno de los
principales puntos que la oposición no aceptaba era que se hiciera borrón y
cuenta nueva por los impuestos dejados de pagar desde 1888 hasta 1914.
Como la legislatura ordinaria de 1916 no fuera suficiente para culminar
el debate se tuvo que recurrir a una legislatura extraordinaria en 1917, en que
al ser sometido a votación el proyecto, fue aprobado con sólo 15 votos en
contra.
El 15 de noviembre de 1917, el senador por Junín Manuel Vicente Villarán
habló por varias horas, para fundamentar su voto a favor de la IPC y de los
herederos de Keswick. Hay que reconocer
que, sin duda alguna, Villarán
era uno de los oradores más elocuentes de esa legislatura.
En marzo de 1960, cuando el problema de los yacimientos petrolíferos se
volvió a agitar, la IPC publicó el discurso completo de Villarán y también de
Osores en un opúsculo titulado “La cuestión de la Brea y Pariñas”.
También en abril de 1960, en Piura, el Dr. Manuel Ato Cueva, miembro del
directorio de la Beneficencia Pública, decía en “la Industria”, que en el siglo
anterior, los 13 herederos de don Diego Lama, habían dado amplio poder al Dr.
Luis Villarán (padre de Manuel) para que los defendieran, para lo cual le
entregaron valiosos documentos, que años más tarde el hijo de Villarán los
utilizó para defender a la parte contraria o sea a la IPC.
Pasó entonces el proyecto aprobado a la Cámara de Diputados.
Huelga de 1916 en Negritos.
Desde los primeros meses del año 1916 los obreros petroleros habían
presentado demandas de mejoras salariales y laborales sin que la empresa
mostrase ninguna intención
de discutir.
El 27 de mayo estalló la huelga en Negritos que de inmediato se propagó
a Talara.
Como ocurría siempre, desde Piura se enviaron fuerzas policiales, las
que tuvieron varios encuentros con los
huelguistas, pero fue el 31 de mayo cuando se produjo en Talara el más grave de
esos choques resultando muertos dos obreros y 7 heridos. La gravedad de los
hechos obligó al gobierno a enviar al crucero
“Lima”, que desembarcó marinería
en Talara. Después de varios días de tensión la calma retornó cuando la empresa
se mostró más asequible, pero como posteriormente la IPC se negó a cumplir
ciertos puntos pactados, nuevamente se produjo una paralización, retornando el
18 de octubre, los obreros al trabajo.
Las intervenciones diplomáticas de los Embajadores de Gran Bretaña y de
Estados Unidos ante el gobierno de don José Pardo, habían trascendido y en la
opinión pública se consideró eso como una odiosa interferencia en los asuntos
internos del país. Por otra parte, los ardorosos debates de la Cámara de
Senadores habían sido objeto de amplia difusión por la prensa nacional y el
diario “El Comercio” se mostró decididamente contrario a las empresas
extranjeras. Había pues un estado general de ánimo contrario a la IPC que
iniciaba la explotación
de los yacimientos
petroleros.
Mientras
tanto, los obreros petroleros de las diversas compañías explotadoras se ponían
en contacto y resolvieron actuar en forma conjunta y coordinada al
plantear sus reclamos.
Fue así como los obreros de Lobitos y de Talara - Negritos, presentaron en forma
simultánea pliegos aparte pero semejantes a sus respectivas empresas desde el
mes de abril de 1917 solicitando entre otras cosas el incremento de sus
salarios en un 30%.
Inicialmente las empresas se negaron a tener todo trato con los obreros
desacatando de esa forma las disposiciones legales contenidas en el decreto
supremo del 24 de enero de 1913. Los obreros respondieron con un paro
preventivo que fue acatado por los trabajadores, lo cual alarmó a las compañías
explotadoras.
Se entró en tratos y cuando parecía que las cosas se iban a superar, la
IPC en octubre de 1917 se negó a aceptar las principales reclamaciones.
Los obreros declararon entonces
una huelga general
e indefinida.
La empresa para evitar la paralización, contrató obreros rompe huelgas y el prefecto de Piura don Emilio de
Tena, envió las fuerzas policiales que le habían sido solicitadas para mantener
el orden y garantizar el trabajo de los rompe- huelgas.
Al finalizar la primera semana de huelga, los obreros huelguistas se
reunieron en asamblea para designar una comisión que debía viajar a Piura a
exponer al prefecto el problema.
Al salir estos obreros huelguistas de la asamblea, se encontraron con los rompe huelgas que estaban frente a la
caja de la compañía, cobrando su salario semanal.
En ese tiempo no se llamaba “amarillos” a los rompe- huelgas. Se produjo
un intercambio de insultos entre ambos grupos y luego se fueron a los hechos
saliendo varios contusos por que la policía tuvo que intervenir. A consecuencia
de esos sucesos, la situación se puso muy tensa y los obreros en huelga se
fueron agrupando por diversos
sitios de la
ciudad de Talara y la policía cargaba contra ellos.
Los obreros ya en mayor número enfrentaron a la policía que hizo uso de
sus armas de fuego. Uno de los primeros en caer fue el dirigente José María
Benites lo cual enfureció a los huelguistas, produciéndose nuevos
enfrentamientos. Los muertos en ese día y los que siguieron, llegaron nada
menos que a 11 siendo todos obreros y
los heridos 15. Se hizo en esos momentos y después una
gran redada de dirigentes, los
que fueron remitidos a la cárcel de
Piura.
Todo el mes de noviembre la huelga continuó y la situación en toda la
zona petrolera era de gran tensión. Recién a mediados de diciembre la
normalidad laboral se restableció.
Los sucesos de Talara, Negritos y Lobitos tuvieron gran repercusión
nacional y en las cámaras, sobre todo en Diputados la IPC fue objeto de
furibundos ataques.
En la legislatura de 1918, el tema de la cuestión de la Brea y Pariñas y
de las sangrientas huelgas, fue lo que
predominó en los debates. En la opinión pública también había un acentuado
consenso en favor de los trabajadores y
contra la
IPC.
El congreso, tras agitados debates aprobó el 22 de noviembre de 1918 la Ley 2847 que disponía el corte de
juicio de los
obreros apresados hacia un año y se disponía su inmediata libertad.
En medio de tantos sucesos dramáticos y luctuosos, hubo algo
positivo: la creación de la escuela fiscalizada N° 1 de varones el 6 de
agosto de 1917. Desde 1911 existía una escuelita particular que conducía doña
Hermelinda de Arías.
El profesor Félix Suyón en “Ensayo monográfico de Talara” se ocupa de
eso. Su primer director fue don Leandro
Ramírez, un educador de gran experiencia pues antes había sido profesor de primaria en el colegio
San Miguel de Piura. El local donde funcionó esta escuela había sido antes oficina de Correos y Telégrafos.
Don Leandro sirvió muchos años en Talara, ganándose el aprecio general.
Años más tarde se trasladó a Máncora en donde también sirvió en la docencia.
Cuenta el profesor Suyón que el maestro Ramírez, falleció trágicamente en un
accidente en la fatídica cuesta de Santa Lucía, cuando el vehículo que ocupaba
se incendió.
Hay que reconocer que la IPC
dotó a la escuela de mobiliario importado de muy buena calidad,
proporcionando a los alumnos útiles. Los maestros de la IPC, recibían mejor
remuneración que la que
se pagaba a los
del Estado.
En 1923 la empresa construyó para la escuela un amplio y moderno local
propio.
La fiebre amarilla o vómito negro, apareció en casi todos los valles de
la costa al iniciarse el año 1918. EL mal se transmitía por un mosquito o
zancudo llamado stegomia fasciata. Todo
el departamento de Piura, en su parte costera se vio amagado por el mal. En la
zona de Talara los casos se produjeron con mayor incidencia en Máncora. El
grado de mortalidad era verdaderamente aterrador, pues mas
de la mitad
de los enfermos
morían.
La Fundación Rockefeller envió a
Lima al Dr. Henry Hanson que había combatido a la fiebre tifoidea en África.
Estaba en Piura de alcalde el Señor José Hope, súbdito inglés, y alto
funcionario de la casa Duncan Fox. El Sr. Hope pidió que viniese a Piura el Dr.
Hanson y lo logró. Al mes, el científico fue atacado por el mal y al reponerse
siguió luchando. Fue entonces que llegó al departamento el sabio
japonés Dr. Ideyo Noguchi con el Dr. Israel Kringler y cuando ya estaban
controlando el mal hizo su reparación la bubónica. La IPC implantó en Talara y
anexos una serie de medidas profilácticas de tal modo que ambas dolencias se
presentaron sólo en muy contados casos, que fueron controlados.
En 1931 el ingeniero Alberto Jochamowitz imprimía en la editorial Torres
Aguirre un folleto que titulaba “Mi vida profesional”. Allí hay un capítulo
titulado “La Brea y Pariñas” en cual entre otras cosas decía lo siguiente:
“En mayo de 1914 fuimos nombrados
Héctor Boza y yo, para la mesura
de la concesión petrolífera de “La Brea
y Pariñas” en el departamento de Piura. La proposición no entrañaba en sí
ningún problema topográfico especial, era una
simple mesura, pero al constituirnos en el terreno, nos dimos
cuenta de que nos encontrábamos frente a un caso de ardua realización. En
efecto, al comunicar personalmente al gerente de la compañía London and Pacific
Petroleum, la misión oficial que nos traía, tuvo la insensatez de negarnos el
agua, con la esperanza de hacernos fracasar en la expedición. Dicha compañía no
tenía interés que se conociera el área exacta de la hacienda La Brea y Pariñas,
que sólo abonaban al Estado la contribución de minas correspondiente a 10
pertenencias de 40.000 m2
cada una. En efecto, no les faltaba razón, pues nuestra mesura arrojaba 41.614
pertenencias, ni una más ni una menos. Pero antes de llegar a esta conclusión
nos encontramos frente a este postulado; en toda la extensión de esa hacienda
solo había agua potable en Negritos en donde se producía por destilación. Cada
gota de agua, es como una gota de mi sangre, nos dijo mister Sullivan y tengo
que reservarla exclusivamente para mi gente. Además había dado orden de que no
se dejase ingresar en el territorio de la hacienda.
Esta era la especial comprensión de la hospitalidad de un extranjero a
nacionales, más con el agravante de pretender frustrar una disposición
gubernativa.”
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