BELAUNDE
TOMA EN TALARA POSESIÓN DE LOS YACIMIENTOS.
El 31 de octubre de 1961, el presidente Prado, convocó a elecciones que
debían de realizarse el 10 de junio de 1962.
Eso dio una oportunidad a Beltrán para salir airosamente del premierato,
y fue así como en noviembre de 1961 renunció al cargo, manifestando que iba a
postular para la presidencia de la República,
lo que no llegó hacer.
Se presentaron como candidatos Haya de la Torre
que acababa de llegar del destierro, apoyado por la Alianza
Democrática formada por el Apra y el Movimiento Democrático
Peruano, o pradismo. También postulaba, la Unión Nacional
Odrísta que llevaba al general Manuel Odría, Acción Popular que postulaba al
arquitecto Belaúnde, la
Democracia Cristiana que llevaba a Héctor Cornejo Chávez, el
Partido Socialista que lanzó la candidatura de Luciano Castillo; el Partido
Social Progresista con el Dr. Alberto Ruiz Eldredge, el Frente de Liberación Nacional tenía como
candidato al general (r) César Pando Egúsquiza.
En el departamento de Piura, el periodo pre electoral fue agitado y se
efectuaron manifestaciones en muchos sitios. Luciano Castillo realizó mítines
en Talara y demás poblaciones de la zona petrolera, en Paita, La Huaca,
Sullana (Bellavista).
Prado dio un abierto apoyo a Haya
de la Torre,
su aliado, lo que disgustó a las Fuerzas Armadas.
EL 26 de mayo las FF AA denunciaron graves irregularidades. El computo
oficial a nivel nacional se realizó muy lentamente motivando la protesta de las
FF AA y A.P.
Los resultados oficiales de las elecciones fueron los siguientes:
Víctor Raúl Haya de la Torre 558.237
Fernando Belaunde Terry 543.828
Manuel Odría 481.404
Alberto Ruiz Eldredge, Héctor Cornejo Chávez, Luciano Castillo y César Pando E. en conjunto 109.469
Total, electoral, 1.692.062
Como nadie había alcanzado el tercio, tenía que ser el nuevo Congreso el
que eligiera. Ante la posibilidad de ser elegido Haya de la Torre,
las FF AA comunicaron a Prado que no permitirían la elección del líder aprista.
Entonces Prado llamó a Haya de la Torre y
le pidió que renunciara a su candidatura a lo que Haya de la Torre
accedió, pero de inmediato el Apra pactó con los congresistas odrístas para
votar por Odría, no obstante que éste había sido acérrimo perseguidor del Apra
y de Haya de la Torre.
El 17 de julio de 1962 las FF AA dieron un ultimátum al Jurado Nacional
de Elecciones para que anulase el proceso
electoral, pero este se negó. Al día siguiente las FF AA en una acción
institucional deponen al presidente Prado y una Junta Militar presidida por el
general Ricardo Pérez Godoy, asume el Gobierno, la que anuló las elecciones y
convocó a otras a realizarse el segundo domingo de junio de 1963.
El 28 de febrero de 1963, el general Pérez Godoy, presionado por el
resto de miembros de la Junta
Militar, presenta su renuncia y es reemplazado por un
triunvirato que presidió el general Nicolás Lindley.
En las elecciones de 1961 el Partido Socialista a nivel nacional, solo
había logrado 16,658 votos, es decir que ni el mismo departamento de Piura, con
100.000 electores le había respondido.
En las elecciones de 1963, Acción Popular se presentó en alianza con la
Democracia Cristiana, llevando siempre a Belaúnde. Los
apristas y pradistas siempre llevaron a Haya de la Torre,
también postuló el ingeniero Mario Samamé Boggio por el Partido Social
Progresista. Triunfó Belaúnde con 708.672 es decir el 39.06%, o sea mas del
tercio.
En el departamento de Piura, el Socialismo no presentó candidato
presidencial, pero apoyó a Samamé, y sólo logró la diputación de Juan Aldana
González que ganó en Talara.
En el departamento de Piura ganó el Odriísmo, en segundo lugar Acción
Popular y en tercer puesto el Apra. El triunfo Odriísta en Piura se explica por
que recientemente habían sido inauguradas las obras de la represa de San
Lorenzo.
Luciano Castillo ya
no volvió a postular a cargos electorales.
Leguía había suprimido las elecciones municipales y había dispuesto que
Juntas de Notables nombradas por el Poder Ejecutivo se hicieran cargo del
Gobierno Municipal.
Leguía cayó en 1930 y en 1933 durante el gobierno de Sánchez Cerro, en
la nueva Constitución que se elaboró, se dispuso volver a las elecciones
municipales, pero el general Benavides que sucedió a Sánchez Cerro, no cumplió
con ese mandato de la Constitución.
En setiembre de 1963, el presidente Belaúnde remite al
Congreso un proyecto de elecciones municipales, que el mandatario promulgó el
24 de setiembre.
El 15 de diciembre de 1963 se efectuaron las elecciones municipales en
todo el país después de casi 40 años.
Por el periodo de 1964-1966 fue elegido como alcalde de Talara don Luis
Núñez Taiman y Víctor Valiente Rosas por el distrito de La Brea.
En Piura fue elegido alcalde el capitán (r) Oscar Román Boluarte por las filas de AP; por Sullana, el Dr. Gustavo Moya
Espinoza de las filas de AP, por Paita don Eduardo Godos de AP, por Huancabamba
Teodoro Elera por A.P., por Ayabaca el Dr. Horacio Camino Flores por A.P.
Núñez Taiman se hizo cargo de la Alcaldía
el 1° de enero de 1994. Entre 1975 y 1980 volvió a ser alcalde, pero nombrado a
“dedo” por el gobierno militar revolucionario.
Cuando el 28 de julio de 1963 Belaúnde asumió el poder, dijo que en 90
días resolvería el problema de la Brea y Pariñas. En efecto, el 28 de octubre
envió al Congreso un proyecto de ley declarando nulo el Laudo de París de 1922
llamado de la Brea y
Pariñas. Además solicitaba del Congreso autorización, para que los bienes e
instalaciones de la IPC
fueran transferidos a la empresa Petrolera Fiscal. Se proponía que los
impuestos que la IPC dejó
de pagar por causa del Laudo de 1922, serían pagados en parte con el valor de la expropiación.
Belaúnde recibió el apoyo moral del Presidente Kennedy de los Estados
Unidos, que era enemigo de los trust petroleros y además promovía la llamada
Alianza para el Progreso. Lo único que pedía Kennedy es que no se confiscasen
las propiedades, sino que se expropiasen.
El Congreso Peruano era denominado por ese año por una mayoría parlamentaria
que había formado la oposición aprista
y odrísta, por lo tanto el 31 de
octubre se aprobó lo siguiente:
“Los denominados acuerdos, convenio y laudo sobre la Brea y
Pariñas, por haber violado los requisitos legales pertinentes, son nulos ipso
jure y no obligan a la República”.
El Congreso no otorgó al presidente las facultades para llevar adelante
la expropiación de los bienes e instalaciones de la IPC. Belaúnde
promulgó el 1° de noviembre la mutilada
Ley 14696. A
pesar de todo el pueblo recibió con júbilo la nulidad del Laudo.
Para colmo de males, el 22 de noviembre de 1963, el Presidente Kennedy,
era asesinado en Dallas, la capital del petróleo norteamericano.
Como la Ley
14696, era prácticamente lírica, la IPC que
quedó administrando los yacimientos, por que no había sido definida su
situación legal.
Para que los municipios elegidos por voto popular pudieran desenvolverse
en forma más eficiente se promulgó la Ley 14846 el 28 de enero de 1964, según
la cual se consignaría en el Presupuesto las sumas de S/. 100.000.00 para los
municipios provinciales y S/. 50.000.00 para los distritales. En esa época esas
sumas eran significativas. Además, cada diputado podía disponer anualmente de
S/. 50.000.00 por concepto de iniciativas parlamentarias, para ser utilizadas a
favor de sus representadas.
El gobierno creó el llamado sistema de “Cooperación Popular” bajo el
lema de “El Perú construye” para estimular el desarrollo de obras con
contribución de la comunidad. Como es lógico suponer estas leyes también
favorecieron a la provincia de Talara.
Desde el 28 de julio de 1963 se encontraba rigiendo los destinos del
Perú el ingeniero Fernando Belaúnde Terry
y había también un nuevo parlamento.
Los nuevos congresistas cumpliendo promesas hechas a sus electores
habían logrado la creación en el departamento de Piura, de los distritos de
Paimas, Jililí, Matanza y Carmen de la Frontera.
Uno de los diputados elegidos, fue Juan Aldana González, el cual en base
a la prosperidad que había logrado la población de Los Órganos, donde operaba la Petrolera
Fiscal, solicitó la creación del distrito de “Los Órganos”.
Una vez más el distrito de Máncora sería dividido.
La Ley 15259 de
creación del distrito de Los Órganos dice:
El presidente de la República.
Por Cuanto.
El Congreso de la República
Peruana;
Ha dado la ley siguiente:
Artículo 1°.- Créase el Distrito de Los Órganos en la provincia de
Talara, del departamento de Piura, que tendrá por capital el pueblo del mismo
nombre, que se eleva a la categoría de ciudad.
Artículo 2°.- El distrito de Los Órganos estará integrado por los
caseríos el Ñuro y Vichayitos y los demás centros poblados que se encuentran
dentro de los límites que le señala el artículo siguiente.
Artículo 3°.- Los límites de este nuevo distrito serán los siguientes:
por el sur, una línea recta divisoria con el distrito de El Alto, que parte de
punta Verde, sobre el océano Pacífico, continúa por el cerro Tunal y termina en
cerro Serrano; por el norte y el este, el cerro denominado Serrano hasta punta
Peña Mala sobre el Océano Pacífico, que
también es límite por el oeste.
Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Casa de Congreso en Lima, a los veintitrés días del mes de noviembre de
mil novecientos sesenticuatro. Firmado Ramiro Prialé, presidente del Senado;
Víctor Freund Rosell, presidente de la Cámara
de Diputados. Teodoro Balarezo Lizarzaburu, senador secretario. Ricardo Cavero
Egúsquiza, Diputado secretario.
Al señor Presidente Constitucional de la República.
Por tanto;
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de
Gobierno en Lima, a los once días del mes de diciembre de mil novecientos
sesenticuatro.
Fernando Belaúnde Terry
Miguel Rotalde Romaña.
Don Teodoro Balarezo era senador por Piura.
Parece que Los Órganos, será el último distrito que tenga la provincia
de Talara, pues en los 40 años siguientes, no ha habido ninguna reclamación en trámite para nuevas
creaciones.
Los talareños celebran anualmente con mucho entusiasmo, el día del
aniversario de la creación de la Provincia y en la misma fecha se fue iniciando
también la celebración de una Feria, a la cual concurrían comerciantes de todos
los lugares de los departamentos de Piura, Tumbes e incluso Lambayeque, así como
del Ecuador.
Para poder celebrar en mejor forma el día del aniversario, el alcalde
Núñez Taiman gestionó que se le reconociera como día cívico, mediante una ley
especial.
Fue así como se dio la siguiente
Ley que tuvo por número 15447:
El Presidente de la República.
Por cuanto
El Congreso ha dado la siguiente
ley;
El Congreso de la República
Peruana,
Ha dado la ley siguiente:
Artículo Único.- Declárase día
cívico en toda la provincia de Talara, el 16 de marzo de cada año, fecha de
promulgación de la ley de su creación.
Casa del Congreso de Lima, a los veintisiete días del mes de febrero de
mil novecientos sesenticinco.
Ramiro Prialé, presidente del Senado. Víctor Freundt Rosell, presidente
de la Cámara
de Diputados. Teodoro Balarezo Lizarzaburu senador secretario; Washington
Zuñiga Trelles, diputado secretario.
Al señor Presidente Constitucional de la República,
Por tanto,
Mando se publique y cumpla
Dado en la Casa de
Gobierno, en Lima, a los cinco días del
mes de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.
Fernando Belaúnde Terry. Miguel Rotalde de Romaña.
El domingo 13 de noviembre de 1966, se efectuaron las segundas
elecciones municipales.
Por entonces el panorama político había cambiado en el departamento y en
el país. El gobierno de Belaúnde ya experimentaba un desgaste por el ejercicio
del poder, mientras que la coalición Apra
Uno se fortalecía en el Parlamento.
Apristas y odriistas juntaron sus fuerzas para estas elecciones. Talara
siguió siendo un fortín socialista donde triunfó Juan Blume García, por el
periodo 1967 1968.
En Piura ganó Orlando Balarezo Calle
de A.P- en Sullana ganó la coalición con el Ing. Jorge Hougthon Aguirre
que al poco tiempo se accidentó y fue reemplazado por el paiteño Oscar Herrera
Rambla. En Paita triunfó A.P.
El año 1967 encontró a la IPC explotando siempre, tranquilamente los
yacimientos no obstante la Ley 14696, que como dijimos era un documento lírico,
una ley simplemente declarativa. En el parlamento dominaba el grupo Apra Uno, que era partidario de la nacionalización
progresiva del petróleo. EL partido Acción Popular se había dividido en dos
alas: unos que seguían al presidente Belaúnde eran partidarios de medidas prudentes y los otros capitaneados
por el vice-presidente Edgardo Seoane, a quienes llamaban
los termocéfalos preferían acciones drásticas y radicales. También la
opinión pública de entonces era partidaria de medidas radicales contra la IPC.
Desde 1963 el tiempo iba pasando y en los tratos del gobierno con la IPC para
la expropiación de los yacimientos; no
se avanzaba nada. La IPC
planteaba cifras por la expropiación que se consideraban exageradas. Fue
entonces que el 26 de julio de 1967 se promulgó la Ley
16674, que declaraba a los yacimientos de la Brea y
Pariñas como áreas de reserva nacional, y disponía que el Poder Ejecutivo
inscribiera a nombre del Estado los yacimientos, por ser nulas las
inscripciones anteriores de la IPC. El
artículo 3º de la ley, facultaba al Poder Ejecutivo, en cuanto a la explotación
de los yacimientos, escoger el régimen que más conviniera, dentro de lo que
señalaba el artículo 62º de la Ley
11780. El artículo 4º disponía que el Estado garantizará a todos los servidores
de la IPC, en
cualquier nuevo régimen que se establezca, la libre sindicalización, la
aplicación de la negación colectiva a los pactos colectivos; el derecho a sueldos
y salarios, vivienda, bonificaciones, jubilación, pensiones de gracia,
indemnización, utilidades, estabilidad en el trabajo y otros derechos
adquiridos.
También se disponía, que el nuevo régimen de explotación de la Brea y
Pariñas, los empleados y obreros sindicalmente organizados, tendrían
intervención en la gestión y conducción de la empresa. La Ley daba
al Ejecutivo treinta días de plazo, para que diera cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 3º.
Esta ley que ponía fin a la llamada cuestión de la Brea y
Pariñas, que en otras épocas hubiera causado júbilo popular, ahora pasaba completamente desapercibida y hasta
ignorada. Todo hace suponer que la mayoría de los talareños ni siquiera llegó a
conocerla, pues no se produjo ningún pronunciamiento, ni a favor ni en contra.
Desde el punto de vista legal, ya los yacimientos habían sido
recuperados, ahora faltaba determinar quien iba a operar los yacimientos
rescatados. Habían tres posibilidades que eran, la Empresa
Petrolera Fiscal, la misma IPC ya no como propietaria sino
como concesionaria, u otra empresa.
Pero el problema era más complejo aún, pues había que decidir sobre la
refinería que era asunto aparte. También habían bienes raíces en la zona
petrolera, Lima y otras localidades, así como una red de transporte y otra red
comercializadora de los combustibles en grifos distribuidos en todo el país.
Para hacer todo eso se daba al Ejecutivo, solo 30 días de plazo, lo que sin
duda era muy corto.
El Gobierno del arquitecto Belaúnde, dictó el 31 de julio, es decir 5
días más tarde un decreto supremo, reglamentando la ley. Disponía en el, que la
dirección de petróleo del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, procediera a
inscribir como áreas de reserva nacional, los yacimientos de la Brea y
Pariñas, tanto en los registros de concesiones petroleras, como en el de la
propiedad inmueble de Piura.
Mientras se resolvía en forma definitiva el problema de la explotación
de los yacimientos, se encargó provisionalmente dicha explotación a la misma
IPC, pero bajo la supervigilancia del Ministerio de Fomento.
También se encargó al Ministerio de Fomento para que valorizara las
instalaciones existentes y en funcionamiento de los yacimientos.
EL 25 de agosto, se emitió otro decreto supremo, para cumplir con el
artículo 3° de la Ley
16674, en cuanto a la determinación del monto de los impuestos dejados de
pagar. El decreto disponía que el Tribunal Fiscal señalase las normas a seguir
para el calculo de los impuestos dejados de pagar.
Después con resolución suprema 1069-H de fecha 10 de noviembre de 1967,
ordenaba el procurador general de la República,
a interponer acción judicial contra la IPC,
destinada al logro del pago de la deuda.
EL 26 de agosto, el Ejecutivo publica un comunicado, dando cuenta de
todas las acciones realizadas hasta ese momento y que lo principal del problema
de la Brea y
Pariñas o sea la recuperación de los yacimientos ya se había logrado, y que en
esos momentos se estaba negociando la forma como la IPC iba a
operar en el futuro, pues quedaban las operaciones de refinación, venta y
comercialización. Se dejaba una puerta abierta a la posibilidad de que fuera la propia IPC, la
que con un nuevo convenio siguiera operando.
El grupo termocéfalo y radical de A.P. se opuso a seguir llevando
adelante trato alguno de la IPC. El
diario “El Comercio” apoyó esta posición y el grupo radical de A.P. quedó al
borde de la ruptura con el gobierno. Más tarde, un grupo conspicuo de
dirigentes de Acción Popular en el que estaba nada menos que el vicepresidente
Edgardo Seoane fue expulsado del partido y su representación parlamentaria se
fraccionó.
El 25 de enero de 1968 se dio el Decreto Supremo EF-68, mediante el cual
se encargaba a la Empresa Petrolera Fiscal, la operación de los yacimientos de
la Brea y Pariñas; pero pasó el tiempo y los funcionarios de la IPC y de la
misma EPF, con diversos pretextos, fueron posponiendo el cumplimiento del
decreto lo que dio como resultado que la IPC continuase operando los
yacimientos.
En mayo de 1968, la IPC hizo
circular un memorando informativo, en el que rebatía las últimas disposiciones
dadas por el Gobierno, para hacer efectivo el retorno de los campos
petrolíferos a poder del Estado. Mientras se seguía en interminables
discusiones, la IPC
resolvió bajar el ritmo de operaciones de los campos de petróleo, al límite en
lo menor posible. También la producción de otras empresas como la Belco y
la Gulf, se
vieron afectadas, pues no tenían refinerías propias y su petróleo era tratado
en la refinería de Talara. Entonces el Gobierno dispuso que el petróleo de esas
dos empresas, llevaran su producto a la Pampilla,
cerca a Lima, donde hacía poco el Gobierno había construido la refinería más
moderna de América del Sur. De esa forma se evitó que escaseara petróleo y derivados en el
país. Para evitarse conflictos laborales en Talara, La IPC les
pagó su salario completo por las medias jornadas que realizaban.
Como consecuencia de todos esos problemas y por los asuntos políticos; el 29 de mayo de 1968 renunció el
gabinete de Raúl Ferrero y le sucedió el presidido por el médico Oswaldo
Hercelles, que tenía como ministro de Fomento y Obras Públicas a Pablo
Carriquiry.
El 25 de julio el presidente de la IPC, James Dean enviaba al Gobierno
un memorando confidencial, haciéndole conocer sus demandas para llegar a un
acuerdo. Las conversaciones que siguieron permitieron llegar a un pre-acuerdo
no escrito. Eso permitió al presidente (quizá precipitadamente) anunciar en su
mensaje del 28 de julio, el arreglo total del problema de la Brea y
Pariñas y que la IPC había
aceptado entregar los campos, las instalaciones de bombeo, transporte y las
plantas de absorción del gas húmedo. Además, la superficie del suelo, es decir
suelo y subsuelo. Quedaría en poder de la IPC la
refinería de Talara y la red comercializadora que la empresa extranjera tenía
en todo el Perú. Durante un periodo de transición, la IPC se
obligaba a comprar toda la producción de crudos que la EPF
produjera al operar los rescatados campos.
En medio de la grave crisis económica que vivía el país y la tirante
situación política eso fue considerado
como una buena noticia y hubo una verdadera explosión de júbilo.
La población obrera de Talara se unió a ese entusiasmo, y se produjeron
mítines de respaldo. Uno de los asuntos que siempre había preocupado a la masa
obrera del petróleo era su estabilidad laboral y el goce de sus derechos
adquiridos; pero como éstos quedaron asegurados, nada hubo que temer.
Pero subsistía un problema, sobre el cual la IPC y la EPF no habían
logrado ponerse de acuerdo y era el precio por barril que pagaría la empresa
extranjera por compra de lo que produjera la empresa nacional. Ese petróleo
sería refinado por la IPC y
comercializados en sus grifos distribuidos en todo el país. Era una situación
que iba a durar 40 años, pues según las conversaciones, el Perú autorizaría a la IPC a que
siguiera operando la refinería por ese tiempo y que la EPF debía
venderle el petróleo que extranjera de los campos de la Brea y
Pariñas.
El presidente Belaúnde se impacientaba, pues deseaba que todo quedase
arreglado antes del reinicio de las sesiones del Congreso. Por otra parte quería consolidar lo que hasta ese
momento era un simple acuerdo verbal con la IPC, pero
esta se negaba a pagar el precio que la EPF pedía
por barril.
Belaúnde convocó a la IPC y a la EPF a
reunirse en Palacio para discutir el asunto. La primera reunión se llevó a cabo
el 10 de agosto de 1968. En representación de la IPC,
concurrieron el presidente de la empresa James Dean, el gerente general el
cubano norteamericano Fernando Espinoza y el abogado Dr. José Gálvez Ayarse. De
parte del Gobierno, asistieron, el presidente del directorio de la EPF,
ingeniero Carlos Loret de Mola y el ministro de Fomento y Obras Públicas, Ing.
Pablo Carriquiry. Se discutió toda la mañana y no se llegó a ningún acuerdo.
Ese mismo día, el diputado por Talara Juan Aldana y el secretario
general de la Confederación
de Trabajadores del Perú y otros dirigentes petroleros, visitaron al presidente
Belaúnde, el cual les reiteró que los derechos adquiridos y la estabilidad de
los trabajadores de Talara, serían respetados.
La reunión en la tarde con la IPC, fue tensa y Fernando Espinoza se llegó a
extralimitarse en sus expresiones, por
cuyo motivo, Belaúnde los votó de Palacio.
Por mediación del ministro Ulloa, se reanudaron las conversaciones el
día 12, pero el impase siguió y en pleno diálogo, Fernando Espinoza, poniendo
de manifiesto su carácter intemperante abandonó la reunión de Palacio en horas
de la noche.
Ante la actitud descortés de Fernando Espinosa, del representante de la
IPC de abandonar en forma brusca la sala de reuniones, en la noche del 12 de
agosto, Belaúnde hizo conocer que actuaría drásticamente, disponiendo la
expropiación y la toma de los yacimientos por la fuerza. Ante el giro que
tomaban los acontecimientos, el primer Ministro Oswaldo Hercelles, telefoneó a
las 3 de la madrugada al embajador de Estados Unidos Wesley Jones, haciéndole
conocer los propósitos del presidente. El diplomático se alarmó y manifestó 
que de
inmediato se pondría en comunicación con los funcionarios de la IPC. El
ministro Hercelles dio al embajador, sólo media hora para responder, pues al
amanecer del día siguiente, 13 Belaúnde
se aprestaba a viajar a Talara para
tomar las instalaciones a las buenas o
las malas.
que de
inmediato se pondría en comunicación con los funcionarios de la IPC. El
ministro Hercelles dio al embajador, sólo media hora para responder, pues al
amanecer del día siguiente, 13 Belaúnde
se aprestaba a viajar a Talara para
tomar las instalaciones a las buenas o
las malas.
De inmediato los representantes de la IPC se
presentaron en Palacio y suscribieron apresuradamente un acuerdo de bases, que
posteriormente se convertiría en un contrato debidamente protocolizado. Fue ese
acuerdo, lo que semanas después daría origen a ese escándalo llamado
“Página Once” que tuviera tan graves
consecuencias para el Perú.
En la mañana del 13 de agosto, Belaúnde con el presidente del Senado
Carlos Manuel Cox, él de la Cámara
de Diputados Andrés Tonwsend Escurra, los dos apristas; también con el Ing.
Pablo Carriquiry que no había dormido, otros ministros y el ingeniero Carlos
Loret de Mola de la EPF, que
tampoco había dormido, se trasladaron a Talara para el acto de la entrega de
los yacimientos.
La comitiva presidencial, los representantes de la IPC y
gran cantidad de público, se reunieron
en el sitio llamado “La Brea”,
el martes 13 de agosto de 1968. El notario Alfonso Celi Celi, levantó el acta
de entrega de los yacimientos petrolíferos de la Brea y
Pariñas, así como del terreno superficial de la hacienda del mismo nombre y las
instalaciones destinadas a explotar el petróleo crudo y gas que se encontraban
en dichos campos; certificando la toma de posesión del gobierno peruano. En el
Acta estamparon su firma el director de Bienes Nacionales Pedro Castro Suárez y el ministro Carriquiry en nombre del
gobierno peruano y por la IPC
firmaron Fernando Espinoza y Eliot Catteaella, gerente y sub-gerente de la Empresa.
En el acta, también se dejó constancia, que de esa forma el Perú
recuperaba el dominio y posesión de los yacimientos y adquiría la propiedad
superficial, y que el gobierno peruano quedaba como único y definitivo
propietario de los yacimientos.
Cuando al final el notario leyó el acta, una explosión de jubiló embargó
a todos los peruanos que presenciaban la ceremonia. Menudearon los abrazos y
luego vinieron los discursos.
La noticia corrió en Talara como reguero de pólvora y pronto se supo en Negritos. La ciudad se
convirtió en un loquerío. Los trabajadores, no obstante que era martes,
abandonaron su trabajo y se lanzaron eufóricos a las calles lanzando vivas.
Toda la ciudad fue embanderada. En Piura, Paita, Sullana y demás poblaciones
del departamento también se produjeron manifestaciones de júbilo.
Al día siguiente, el diario “El Comercio” dedicaba toda la primera
página a informar sobre los sucesos. Los titulares de “El Comercio” eran:
“Flamea la bandera peruana, Estado tomó posesión de los yacimientos de la Brea y
Pariñas”; “Acta de Talara”; “Gerente de la EPF está
a cargo de las operaciones de los campos petrolíferos”; “El arreglo sobre la Brea y
Pariñas, abre grandes expectativas futuras”.
El diario “Expreso” en su primera página no ponía textos sino grandes
titulares: “La Patria
rescató yacimientos, bandera peruana en la Brea y
Pariñas”; “Belaúnde: un acto histórico en nombre del país”.
El diario aprista “La Tribuna”
de Lima, decía: “Resuelto problema de la Brea y
Pariñas”; “Cox y Tonwsend: Poderes del Estado están unidos para servir al
país”; “Belaúnde, dice acto pertenece a
toda la nacionalidad.”
Examinados fríamente los acontecimientos anteriores y los que se
desarrollaron después con relación al problema de la Brea y
Pariñas, no puede negarse que fue el 13 de agosto, cuando se produce la real
recuperación de los campos de la Brea y
Pariñas.
Pero bien pronto se principiarían a oír las primeras voces de desacuerdo
en algunos diarios y partidos políticos desafectos a Belaúnde. Empezaron los
peros.
El 2 de mayo de 1968 se había iniciado el premierato del Dr. Hercelles
que tenía como ministro de Hacienda a Manuel Ulloa Elías. Dueño del diario
“Expreso”, Ulloa sucedía en el cargo al economista general Francisco Morales
Bermúdez.
Para resolver el problema, Ulloa por intermedio del presidente Belaúnde
solicitó facultades extraordinarias, que el Congreso le otorgó. Ulloa entonces
llamó a un grupo de expertos en economía y tributación sin distinción de
partidos y reformó y modernizó el sistema tributario y metió orden en la Caja Fiscal.
Suprimió las emisiones inorgánicas y estableció el dólar en su real nivel de S/.43.36 por dólar. Este
sinceramiento de la economía fue sin duda un “paquetazo”, que dejó sentir
efectos negativos en forma temporal, pues
el precio de los artículos de primera necesidad aumentó en forma
apreciable, para posteriormente estabilizarse con los que regían en los
primeros años del gobierno del régimen militar. Hubo malestar general por los
efectos del paquetazo y los enemigos del régimen encontraron oportunidad para
atacarlo.
En 1967 la inflación era de 10.8% y se consideraba alta, el dólar estaba
a S/. 38.90 pero como estaba controlado, había un mercado negro donde se vendía
hasta en 50 soles, la Balanza
de Pagos era negativa en $492 millones y la deuda pública ascendía a 713
millones de dólares.
Con el paquetazo, la inflación subió al 18.4% que se consideró enorme.
Más tarde, en 1989, con el Dr. Alan García subiría a 2,775.3% anuales. El dólar
saltó a S/. 43.36 pero allí se estabilizó y la Balanza
de Pagos tuvo una recuperación con S/. 69'100.000.00.
Los enemigos de Belaúnde decían que con la deuda externa de 713 millones
había hipotecado el país a los agentes económicos externos; pero con Velasco
subiría a 3.066 millones de dólares, con Morales Bermúdez llegaría a 6.043 mil
millones y con Fujimori a 33 mil
millones de dólares. Todo eso, que parecía en 1968 era tremendamente malo, fue
en realidad nada con relación a la situación que se vivió entre 1987 y 1991.
La situación económica que por entonces se vivía y el escándalo de la
llamada página 11 que veremos a continuación, fueron los motivos que causaron
la caída de Belaúnde.
La inflación como era lógico también se sintió con mucha intensidad en
Talara que no producía artículos de primera necesidad, que tenían que ser
llevados de Tumbes, del valle del Chira y de otros sitios; pero relativamente
los jornales eran altos.
Bien pronto se dejaron oír las primera voces de desacuerdo. Tanto “La Prensa”,
como el ex-presidente Odría opinaban que la EPF, no
tenía capacidad técnica para operar con éxito los yacimientos. Luego la UNO, el
partido del general Odría hizo conocer su
disconformidad.
El MDP, expresó sus dudas, al manifestar que no se conocían las
condiciones reales del convenio. El Partido Demócrata Cristiano dijo ser
partidario de la nacionalización.
El 14 de agosto se da el D.S. 086-68 FO y el D.S. 088-68 FO el 16 del
mismo mes. A continuación se expiden las resoluciones supremas 0020-68 FO-PC,
la 0021-68 FO-PC y la 0022-68 FO-PC, en las que se permitía la adaptación de la IPC a la Ley del
Petróleo 11780, se autorizaba a ampliar la capacidad de la refinería a 80.000
barriles diarios y añadir maquinaria para craqueo catalítico, se le otorgaba la
concesión para la distribución a nivel nacional por 40 años de gasolina y
aceite renovable por tiempo igual. El 22 de agosto la IPC por
medio de la Petrolera Virú,
solicitó a la EPF la
concesión de un millón de hectáreas en zona de selva para explorar y explotar,
para lo cual pagaría dos millones de soles.
Por la forma tan precipitada como se habían llevado a cabo las reuniones
en Palacio en la noche del 12 de agosto, el presidente de la EPF Carlos
Loret de Mola no tenía copia del Acuerdo de Bases, concertado entre él y
Fernando Espinosa el representante de la IPC. Por tal motivo solicitó al
Ministerio de Fomento la entrega de una copia, la misma que le fue 
alcanzada el
16 de agosto.
alcanzada el
16 de agosto.
El 23 de agosto el ingeniero Carlos Loret de Mola ofrece al presidente
Belaúnde un almuerzo en homenaje al feliz término del problema de la Brea y
Pariñas, habiendo acudido ministros, parlamentarios y connotadas
personalidades. La representación que tenía Loret de Mola ante la EPF en
nombre del Ejecutivo vencía el 13 de setiembre y por haber evitado Belaúnde
tocar una posible prórroga del mandato, hacía suponer que de todos modos el
mandato de Loret de Mola fenecía el 13.
El 28 de agosto se ausentaba definitivamente del Perú, el norteamericano
cubano Fernando Espinosa.
Mientras tanto el Congreso había reiniciado sus sesiones el 16 de agosto
y ese mismo día el ministro de Fomento Carriquiry se presentó en la Cámara
de Diputados y Ulloa en el Senado. Se tenía que informar sobre el asunto de la Brea y
Pariñas y la situación económica. Los debates fueron violentos y entre los que
más atacaban estaba la facción de A.P. llamada de los termocéfalos. El 17 y 18
Carriquiry se tuvo que presentarse en el Senado.
EL día 6 de setiembre, Loret de Mola anticipándose a su cese, renunció y
arrastró al resto del directorio de la EPF a la
renuncia. EL hecho causó conmoción, pues ya se sabía de profundas discrepancias
entre Loret de Mola y el resto de miembros del Ejecutivo. El mismo día a las 10
de la noche viajaba al extranjero por asuntos personales el ministro de
Fomento, Carriquiry.
El 8 de setiembre el ministro Ulloa hizo una dura crítica a la EPF por
TV y el 10 de setiembre Loret de Mola pagó 50 mil soles por un espacio en el
canal 5 de Panamericana y en forma dramática denunció que en el contrato o
Acuerdo de Bases faltaba la última página que tenía el número 11. ¿ De dónde
sacó los 50 mil soles por el espacio en TV;? Nunca se supo. De acuerdo al
denunciante, él había agregado de su puño y letra el precio neto del petróleo
que por barril debía de pagar la IPC a la EPF. Los
diarios se ocuparon a grandes titulares del asunto comentándolo de diversas
maneras. El Gobierno se vio precisado a emitir el 12 un comunicado oficial que
no logró convencer. El 13 de setiembre se vuelve a presentar Loret de Mola por
TV en esta oportunidad por el canal 4 que se había ofrecido gratuitamente.
Alentado por los enemigos del Gobierno, ya no solo denunciaba la falta de la
página 11, sino que hablaba de
escamoteo, de fraude, de falsificación y de traición.
El 14, el entonces catedrático de la universidad de Ingeniería, el
querecotillano Santiago Agurto Calvo y
otros ciudadanos, iniciaron acción penal contra los responsables del fraude por
la desaparición de la página 11. El mismo día, los ministros Ulloa, Arías
Stella y Calmel del Solar hacen una amplia exposición de los hechos y muestran
pruebas ante 5 canales en cadena, con 200 radiomesoras del país.
La tensión en todo el país era creciente y todo hacía suponer que se
trataba de desestabilizar al régimen. El 19 el arzobispo de Lima hace un
llamado a la cordura.
Como el documento suscrito entre Loret de Mola por la EPF con la IPC en la
noche del 12 solo era un simple Acuerdo de Bases y no propiamente un contrato;
el nuevo directorio, concertó con la IPC un
contrato definitivo, donde quedaban
plenamente establecidos, los precios brutos y netos que por cada barril
de petróleo crudo pagaría la IPC a la EPF. También
se indicaba la tarifa que a su vez cobraría la IPC a la EPF, por
los servicios como energía eléctrica que le
brindaría. Si no hubiera existido una intencionalidad política en el
escándalo y un propósito de hacer daño, el problema hubiera quedado zanjado con
eso, pero no pasó así y el escándalo siguió su curso.
En la noche del pasado 12 de agosto, los técnicos de la IPC y de la EPF
habían hecho un borrador de contrato que se llamó acuerdo de bases en 10 hojas
de papel sellado, a máquina. Cuando tal documento fue puesto a disposición de
los ministros, de Fernando Espinosa y de Loret de Mola le hicieron gran
cantidad de enmendaduras. Luego, al final de la página 10, el representante de la IPC,
Fernando Espinosa puso su firma, y también firmó al margen de cada página.
Cuando le tocó el turno de hacerlo a Loret de Mola, firmó al margen de cada
pliego dando su conformidad, pero no firmó al final de la página 10 sino que en
página siguiente, la 11 que estaba en blanco, puso el valor neto del petróleo.
¿Porque firmó en la página 11 y no en la páginas 10? Todo parece que estaba
premeditado Esa fue la página que se perdió y que en realidad no formaba parte del contrato por no tener la
firma de Espinosa. No pasaba de ser una nota ilustrativa y no poseía un valor
contractual. En todo caso, cuando se hiciera el contrato definitivo, como luego
sucedió, se podían considerar todos los detalles.
Pero el escándalo de la página 11 cumplió con su papel de destruir al
régimen constitucional del presidente Belaúnde y evitar las elecciones de 1969
en las que indudablemente iba a ganar el APRA con Haya de la Torre como
presidente.
Si bien, estos hechos se desarrollaban en el Lima, tenían influencia en
el resto del Perú y sobre todo en Talara, donde unos cuantos meses mas tarde,
volvería a ser el centro de la atención
de todo el país.
Mientras tanto, los altos funcionarios de la IPC seguían atentamente los
sucesos y en el pueblo y obreros petroleros, las trapisondadas de Palacio, no
les concitaban mayormente su atención. No pensaban que se estaban jugando los destinos
de la IPC y de
todos los talareños.
Cuando pasaron los años, se conoció que la famosa página 11 solo había
sido un pretexto para derrocar a Belaúnde.
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